La Comisión Europea ignora al sector cinegético y amplía a cinco años el plazo para retirar el plomo de los cartuchos
La Real Federación Española de Caza (RFEC) y la Federacion Riojana de Caza (FRC) califican insuficiente la mejora introducida por el Comité REACH de la Comisión Europea en su propuesta sobre la prohibición del plomo. El nuevo texto establece un plazo de cinco años para retirar los perdigones en caza menor y tiro deportivo y, por el momento, deja fuera del ámbito de prohibición las balas de cualquier calibre.
La Federación reconoce un avance respecto al planteamiento inicial, que contemplaba la prohibición de los cartuchos en apenas 18 meses y la retirada de la munición metálica en tres y cinco años, fruto de la presión de varios Estados miembros y del trabajo técnico desarrollado por el sector en los últimos años. No obstante, advierte de que los plazos siguen sin ser realistas.
SIN ALTERNATIVA VIABLE Y RIESGO DE IMPACTO MASIVO
La RFEC insiste en que, hoy en día, no existe una alternativa al plomo que sea viable desde el punto de vista técnico, económico y de disponibilidad. Por ello, considera que cualquier periodo transitorio será insuficiente si no va acompañado de una solución real que garantice la seguridad, la eficacia y un coste asumible para los cazadores.
Además, alerta de que la exclusión actual de la munición metálica puede ser “un arma de doble filo”: aunque supone un alivio inmediato para la caza mayor, no impide que su prohibición vuelva a plantearse en un futuro próximo, tal y como prevé la propia Comisión Europea.
El impacto de una transición acelerada sería muy elevado. Según un estudio de Euractiv para la Federación Europea de Tiro Deportivo (ESSF) basado en más de 18.000 encuestas, un 25% de los cazadores abandonaría la actividad y un 30% la reduciría. A ello se suma que cerca de medio millón de escopetas en España podrían no ser compatibles con alternativas como el acero, generando un importante impacto económico y social.
Por todo ello, la RFEC subraya que no se opone al cambio de material, pero sí a un proceso sin garantías, y reclama un periodo transitorio de al menos 10 años que permita adaptar el sector de forma progresiva y viable.
CRÍTICAS AL GOBIERNO DE ESPAÑA
La RFEC critica la actuación del Gobierno de España, y en particular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), por mantener durante toda la tramitación una posición alineada con los planteamientos más restrictivos, sin atender las solicitudes de reunión ni las aportaciones técnicas del sector.
La Federación denuncia que, frente a esa postura, no se ha trabajado en garantizar una transición real: no se han definido alternativas viables, no se ha consultado con la industria armera ni con los cazadores, ni se han planteado medidas como incentivos para la renovación de armas o la gestión de los stocks existentes.
En palabras del presidente de la RFEC, Josep Escandell, esta posición resulta “incomprensible”, ya que ignora dos realidades clave de España: “la necesidad de disponer de grandes cantidades de munición para el control de especies como el conejo o el jabalí, y las condiciones de nuestra caza, que se desarrolla en terrenos donde alternativas como el acero pueden suponer un problema de seguridad”.
La propuesta será votada previsiblemente en junio por los Estados miembros y, en caso de salir adelante, podría elevarse al Parlamento Europeo en septiembre, con una eventual entrada en vigor no antes de 2027. La RFEC continuará trabajando para ampliar los plazos y advierte de que ya prepara su estrategia en el Parlamento Europeo para garantizar que la futura normativa no perjudique a la actividad cinegética en España.
